Ha renacido la discusión acerca de si debemos o no, como sociedad, volver a activar la pena de muerte. Hay quienes ─aparentemente una mayoría (y si no mayoría, una buena parte de la población)─ ven en esta la panacea para nuestro país; piensan que a través del asesinato sistemático de delincuentes comunes se van a resolver los problemas estructurales que nos achacan. Algunos objetarán, negando ser tan ilusos, y dirán que este no es el remedio para nuestros problemas, pero que al menos es algo, es un avance. ¡Vaya forma de hacer valer la vida de las personas!, aquí nos proponemos matar gente solo porque es algo, porque tal vez pueda mitigar la sofocante violencia que nos hemos construido. Finalmente, hay quienes abogan por una perspectiva más pragmática, deliciosamente bíblica, eliminando la violencia al eliminar a las supuestas fuentes de violencia.
En un post anterior argumentaba que la máxima expresión del fracaso de un Estado se ve cuando este agrede a la población que debe defender (Sobre un estado que agrede y un pueblo que aplaude). De esta forma, a mis ojos, cada vida que se pierde a manos de delincuentes es responsabilidad del Estado, así también, las vidas que él mismo tome incrementan los números negativos en su índice de eficiencia. Pero no entremos en esto, pues es sólo un juego lógico. Vamos a problemas claros y puntuales.
El problema de ver la solución en la condena
La pena de muerte significa una resolución a un caso. Como tal, es la última fase de un proceso judicial. ¿Acaso no es esta una de las mayores deficiencias del sistema de justicia en Guatemala? ¿Estamos dispuestos a entregar la potestad para ejecutar a una persona a una institución que es inefectiva para realizar específicamente el proceso judicial?
Lo que hacemos al aceptar esto es abrir las puertas para la legalización de ejecuciones extrajudiciales, mientras se refuerza la impunidad que nos corroe y condenamos a muerte a personas inocentes.
El problema de considerar el castigo como disuasivo
El temor al castigo no es un disuasivo efectivo. Solo es necesario pensar en la última cosa “indebida” que cada quien hizo; algo tan sencillo como romper la dieta o decir una mentirilla. El mismo proceso psicológico está detrás: el deseo por la recompensa inmediata y la convicción de que nuestra culpa nunca será descubierta. Lo mismo sucede con las enfermedades, uno se cree inmune, piensa que ese tipo de cosas no le van a pasar, que eso solo le pasa a otros; por eso la negación es la primera fase cuando lidiamos con algo que “no debería pasarnos a nosotros”, porque, de alguna manera, creemos que estamos arriba de todos los demás. En fin, el delincuente no está considerando las consecuencias. Más bien, responde a sus circunstancias o quizá padece de alguna enfermedad mental.
Como muestra tenemos acceso a varios estudios y estadísticas. Por ejemplo, el sur de Estados Unidos es al mismo tiempo la región con mayor porcentaje de homicidios y de ejecuciones. Si la pena de muerte fuera efectiva como disuasivo, la estadística sería: a más ejecuciones, menos homicidios. Pero no es así, y lo comprueba la estadística del noreste: la región con menos ejecuciones es también la región con menos homicidios. Estas estadísticas solo muestran datos de Estados Unidos, y claro que esa no es evidencia suficiente, pero esto no es una tesis de grado. Sirva como demostración que actualmente la mayoría de países del mundo han abolido la pena de muerte, y que aquellos que la mantienen son estados retrógrados y violentos por excelencia.
La carga de la culpa
¿Nos damos cuenta de que, como sociedad, cargaremos con la culpa de haber asesinado a gente inocente por someterlos a un sistema decrépito?
En mi nombre no se mata.
Único “beneficio” real
La pena de muerte satisface la sed de venganza. Por tanto favorece la división, levanta muros que impiden la reconciliación. Con ella se valida la venganza violenta, absoluta, como solución.
Considerando todo esto, ¿a quién beneficia todo este embrollo? Yo no soy quién para señalar, pero detrás de la maleza se camuflan oscuros intereses.
